Por: Ulises Castilla, Socio Líder de la Práctica Legal de ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø México

El panorama de la resolución de controversias fiscales es diverso en las distintas jurisdicciones del continente americano. Por ejemplo, mientras que Estados Unidos (EE.UU.) enfrenta recortes y opta por resolverlas adhiriéndose a mecanismos como el Compliance Assurance Process (CAP), Brasil carece de procedimientos que le permitan resolverlas eficazmente, por lo que enfoca sus esfuerzos en lograr una documentación sólida que evite que se generen.

En este contexto, el caso de México es particular. Si bien nuestro país adopta diversas disposiciones globales, como aquellas relacionadas con evitar la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en muchos de los casos, los especialistas en la materia prefieren hacer uso de los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), pues los consideran efectivos para desvirtuar los señalamientos que las autoridades fiscales hacen durante las auditorías.

Los acuerdos conclusivos son un medio alternativo de solución anticipada de procedimientos de fiscalización que permite aclarar, de manera definitiva y sin necesidad de acudir a tribunales, los diferendos fiscales determinados durante una auditoría o revisión fiscal.

Algunos de sus beneficios, además de evitar prácticas que usualmente retrasan o detienen los procesos legales, son los siguientes:

  • Menores tiempos de aclaración
  • Regularización antes de la emisión de un crédito fiscal
  • Posibilidad de consenso total o parcial entre las partes
  • Certidumbre y seguridad jurídica
  • Condonación de multas
  • Desvirtuación de observaciones hechas por la autoridad fiscal

En el panorama actual, con herramientas tecnológicas que permiten agilizar los procesos, el acuerdo conclusivo cobra aún mayor relevancia, ya que, gracias a la implementación y fortalecimiento de los servicios remotos a raíz de la pandemia, los contribuyentes tienen la oportunidad de interactuar tanto con la Prodecon como con las autoridades fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas de atención.

Adicionalmente, la procuraduría puso a disposición de los contribuyentes diversos micrositios para brindar información relevante y oportuna, así como un sistema en línea que permite la recepción de solicitudes vía internet.

Así pues, la suma de las ventajas proporcionadas por los acuerdos conclusivos y la digitalización de los servicios brindados por la Prodecon, convierten a este mecanismo en un medio de resolución efectivo ante las auditorías iniciadas por la autoridad fiscal en México, las cuales, como se mencionó, suelen requerir de la revisión exhaustiva de diversos elementos y materialidad de las operaciones.

 

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